El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo al aprobar el proyecto de ley que reformará tanto la Ley de Dependencia como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Este paquete normativo ya ha sido enviado al Congreso, donde comenzará su tramitación parlamentaria. Ministerio de Derechos Sociales
Un nuevo marco legal en camino
La reforma llega en un momento clave: ante el envejecimiento de la población y el creciente número de personas en situación de dependencia, el texto propone ampliar prestaciones, suprimir barreras burocráticas y consolidar la accesibilidad como un derecho irrenunciable. Entre las medidas más destacadas figura la eliminación del régimen de incompatibilidades que antes impedía recibir ayudas económicas por cuidados familiares al mismo tiempo que se tenía otro tipo de prestación. También se suprimirá el plazo suspensivo de dos años en la concesión de prestaciones familiares, una medida que afectaba a quienes cuidaban a personas dependientes en casa.
Otra novedad fundamental es el fortalecimiento de los servicios de atención en el domicilio. La reforma permitirá que los apoyos no se limiten al espacio doméstico, sino que acompañen en salidas a la comunidad (como ir al médico o hacer compras). Además, se reconoce el derecho de la persona dependiente a contratar asistencia personal profesional. Se apuesta por una teleasistencia más ambiciosa: se elevará a derecho universal, con cobertura incluso en residencias, y dejará de considerarse una prestación única.
Más apoyos, menos burocracia
Un punto delicado y muy simbólico es la pasarela entre dependencia y discapacidad: el proyecto propone que las personas con grado I de dependencia sean reconocidas automáticamente con al menos un 33 % de discapacidad, y quienes tengan grado II o III puedan acceder directamente a un reconocimiento del 65 %. Esto busca evitar trámites que se alargan y garantizar una mayor coherencia entre derechos. Se refuerza también la compatibilidad entre empleo y prestaciones: quien reciba apoyos o servicios del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) podrá mantenerlos al aceptar un empleo o entrar en prácticas profesionales sin perder sus recursos.
Además de los aspectos de prestación, la reforma incluye medidas para mejorar la calidad del empleo en el sector de cuidados: se fijarán estándares sobre la formación, condiciones laborales y ratios profesionales según los perfiles de usuarios, todo en diálogo con las comunidades autónomas. También se apuesta por la innovación tecnológica: se creará un centro estatal de competencias en innovación social, y la tecnología aplicada al cuidado deberá respetar criterios de autonomía, privacidad y no discriminación.
Asimismo, la nueva normativa consagra la accesibilidad universal como exigible en todo espacio o servicio público, y prevé ayudas a comunidades de vecinos para realizar obras de accesibilidad en edificios residenciales, con condiciones más favorables (se rebaja del 75 % al 70 % la financiación comunitaria exigida). Incluso el patrimonio cultural quedará sujeto a obligaciones de accesibilidad física y cognitiva.
Con esta reforma, el Estado aspira no solo a adaptar la ley al presente, sino a anticiparse al futuro: pretende construir un modelo de cuidados centrado en la persona, con más derechos, menos burocracia y servicios más accesibles.
Adurbe Accesibilidad: de la ley a la práctica
En Adurbe Accesibilidad valoramos este impulso legislativo como un refuerzo institucional del trabajo que venimos haciendo. Sabemos que las leyes son un marco necesario, pero que su eficacia depende del cómo: de la implementación en los territorios, del diseño pensado para todos y de la cooperación entre entidades, administraciones y sector privado. Por eso, seguimos comprometidos con proyectos de adaptación de viviendas, mejora de espacios públicos y servicios de consultoría accesible: para que cada reforma se traduzca en hechos reales y no se quede en papel.
